Desde el Ministerio de Industria y Turismo, aún no existe una posición firme
SOBRE EL NUEVO REAL DECRETO DE REGISTRO DE VIAJEROS.
NEXOTUR | Martes 10 de Septiembre de 2024, 07:00h
A escasas semanas de la aplicación del Real Decreto 933/2021, fuentes del Sector aseguran que existen contradicciones en el seno del Ministerio del Interior respecto a si se está o no llevando a cabo la creación de una Orden Ministerial que mitigue su impacto.
La entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 se encuentra cada vez más cerca, lo que está agitando tanto a empresarios como a trabajadores turísticos. Concretamente, su aplicación a partir del próximo 1 de octubre establece al Sector Turístico las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, teniendo esto gran incidencia en la actividad de agencias y hoteles.
Ante ello, a finales del pasado mes de julio, las diferentes patronales de agencias de viajes solicitaron al Ministerio de Interior su exclusión de la normativa, a lo cual y en caso negativo añadían la opción de publicar una Orden Ministerial que limitase su aplicación. “Dicha Orden Ministerial debe excluir de la obligación de comunicación a los viajes corporativos, el MICE y los grupos, supuestos donde se ha demostrado de imposible cumplimiento el deber de comunicación”, afirmaban en un comunicado conjunto. Además, las Organizaciones también mantuvieron una reunión con Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, en la que esta “apoyó los argumentos y se comprometió a defenderlos ante el Ministerio del Interior”.
Habiendo transcurrido más de un mes desde aquella situación, fuentes del Sector aseguran que actualmente existen contradicciones en el seno del Ministerio del Interior respecto a si se está o no llevando a cabo la elaboración de dicha Orden Ministerial. Sobre el Ministerio de Industria y Turismo, alegan que no se termina de posicionar. Esto deja en vilo a un ámbito en el que el Real Decreto haría grandes estragos ya que no se dispone de los medios, ni técnicos ni de personal para cumplir esta norma.
Dadas las circunstancias, las Asociaciones del Sector Turístico afectadas que forman parte del Consejo de Turismo de la CEOE enviarán esta semana al Ministerio del Interior un manifiesto en contra de la aplicación del registro documental con la intención de revocar la normativa. Junto a esto, se debe destacar que la plataforma necesaria para el registro aún no se encuentra preparada, tal y como están comprobando diferentes grupos turísticos.
ECTAA y CEHAT
A finales de julio, los turoperadores europeos también manifestaron su preocupación. En concreto, la patronal europea ECTAA aseguró que existía un riesgo de caída de ventas y un desvío de reservas a otros destinos con el consiguiente debilitamiento de España, con especial afectación al Turismo de eventos.
Por otra parte, teniendo en cuenta que se impone la obligación de recabar y comunicar los datos correspondientes a la transacción del hospedaje, entre ellos los del pago, según las agencias, la normativa “contraviene la normativa en materia de pagos”, que en el caso español está delimitada por lo previsto en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financieros, el cual transpone la directiva PSD2.
Por su parte, desde CEHAT apuntaban que “es incomprensible el empecinamiento de los responsables del Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Fernando Grande-Marlaska, en provocar un caos para los colaboradores del Ministerio y en generar una amenaza de grandes multas y sanciones a todos los que no actúen bajo unos nuevos parámetros”.
Además, consideraban estos parámetros como “incumplibles e ilegales”, y que provocarían la segura pérdida de información sensible sobre los viajeros y “un aumento de responsabilidad sobre datos no comprobables”. Para los hoteleros, sería imposible recabar y certificar la autenticidad de algunos de estos datos, por lo que provocaría un “caos organizativo en las recepciones” en perjuicio de los usuarios y contraviniendo “flagrantemente” las normas de minimización de datos de las directivas europeas y su protección.
